Unos 10.000 internautas podrían recibir cada día en Francia advertencias de que serán sancionados si no dejan de descargar ilegalmente de Internet ficheros, sobre todo de música y vídeos, en virtud de una nueva ley contra el pirateo, según los cálculos del Gobierno.
La ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, fue la que avanzó esta cifra, y se mostró convencida de que estas amenazas de sanción tendrán un efecto disuasorio que evitará en la gran mayoría de los casos llegar a suspender la conexión a Internet. "Es imposible hacer previsiones", argumentó Albanel, que añadió que en los países donde se han puesto en marcha mecanismos de advertencia previos a la sanción el pirateo ha bajado hasta un 65-70%.
El proyecto de ley sobre la creación e Internet, que fue aprobado en primera lectura por el Senado el pasado mes de octubre, será debatido a partir de mañana en la Asamblea Nacional. Prevé un sistema de sanción que consistirá en la suspensión del abono a Internet por un periodo de entre dos y doce meses para los que se descarguen ilegalmente ficheros por Internet para preservar los derechos de autor.
Antes de hacer efectiva esa pena, el internauta recibirá un primer correo electrónico de advertencia, al que seguirá otro aviso por correo postal o por teléfono.
La tercera comunicación de la Hadopi, la autoridad encargada del control, abrirá la posibilidad a un acuerdo amistoso si el infractor reconoce que se bajaba música o vídeos, y en ese caso, el corte de la conexión se limitará a entre uno y tres meses.
Albanel subrayó que "esta ley es muy esperada" por "el mundo del cine" y "de la canción", y puso el acento en que el texto tendrá un efecto "muy disuasorio".
El proyecto de ley pretende una disminución del plazo que pasa entre el estreno de una película y la posibilidad de cargarlo legalmente en una web comercial, que podría ser de tres a poco más de cuatro meses en función del número de entradas del filme.
El Ejecutivo ha calculado que el dispositivo técnico para hacer posible la vigilancia, que estará plenamente en vigor en 2010, tendrá un coste de unos 70 millones de euros que será objeto de compensación por el Estado para los servidores de Internet.
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