Promusicae y las cuatro grandes discográficas internacionales (Warner Music Spain S.A., Universal Music Spain, Emi Music Spain y Sony BMG Music Entertainment) acaban de demandar a Pablo Soto, creador de Blubster, el programa español de intercambio de archivos más descargado de la historia.
La demanda se fundamenta en dos cosas: la primera, que sus programas -Blubster, Rockitnet, Piolet y Omeno- incitan a los usuarios a descargar contenidos protegidos. La segunda, que su empresa compite de manera desleal con las discográficas porque, aprovechando su contenido, está ganando dinero al insertar anuncios publicitarios.
Blubster tiene un contador que, en el momento de publicación de este artículo, sumaba 15,564,964 descargas del programa. En el momento de redactar la demanda, las discográficas hicieron un cálculo que ellos definen de "conservador": si cada usuario de Blubster ha descargado al menos una canción de su repertorio y cada canción vale un euro, Blubster le ha costado a la industria 13.029.599 euros, 2.167.942.859 de las antiguas pesetas, que hoy reclaman en concepto de daños y perjuicios.
Pero, ¿qué quieren las discográficas realmente?
Los abogados de Soto, Javier de la Cueva y David Bravo, piensan que las discográficas incurren en varias contradicciones y que sus actos revelan intenciones mucho más interesantes.
"En primer lugar -explica De la Cueva- acusan a Pablo de fomentar las descargas de música ilegales cuando, en España, hay un sector de la música libre reconocido por ocho sentencias y definido por otras dos". En segundo lugar, "le acusan de competencia desleal por no poner filtros para que sus productos no pasen por las Redes P2P".
"Esto es especialmente ridículo -observa.- Las redes están fuera del control de Pablo Soto porque, gracias a Dios, no son suyas. Y, si la industria necesitan poner límites a sus propios productos, debería pagar a sus propios desarrolladores para hacerlo".
"Sus costes de exclusión del mercado, páguelos usted -termina.- Yo no tengo por qué estar vigilando su finca". Pero el verdadero caso, creen los abogados, es otro muy distinto.
En una entrevista que concedió a CNet el pasado mes de abril, Douglas Merrill -ex-directivo de Google y nuevo CEO de EMI- defendió las bondades del P2P y destacó lo mucho que puede ayudar a las compañías discográficas. Dos meses más tarde, tanto EMI como Universal habían firmado un acuerdo con la empresa Qtrax, cuyo único producto ofrece "acceso a música mediante redes P2P de intercambio de archivos" basado en publicidad.
"Lo que estan intentando las discográficas -explica De la Cueva- es quitar del mercado a los que ya tienen protocolos de P2P para ocupar su sitio. Quieren controlar el canal de distribución de música libre para que este no se desarrolle. Y eso sí es competencia desleal".
¿Puede ser ilegal escribir un programa legal?
El software de Pablo Soto es un sistema de intercambio de archivos que los usuarios instalan en su máquina para conectarse a una red descentralizada con otros usuarios. Su funcionalidad es sencilla: permite mover archivos de gran tamaño entre los usuarios a gran velocidad, independientemente de que esos archivos hayan sido generados o adquiridos legalmente, o no.
Por diseño e intención, Blubster no responde al perfil de programas considerados ilícitos dentro de la legislación, como aquellos diseñados para infiltrarse veladamente y activarse en equipos ajenos (como los virus), o los llamados seriales, keygens y cracks, diseñados expresamente para romper los mecanismos de seguridad de un producto (como el sistema anticopia en un DVD) o para acceder a un programa o sistema sin pasar por caja, generando claves pirata.
"Si algunos -o muchos- de los usuarios de Blubster utilizan el software de manera ilícita -argumenta De la Cueva- el programador no puede ser más responsable de su comportamiento que un fabricante de cuchillos sobre un asesinato con arma blanca".
Pablo Soto está asombrado: desde que lanzó el primer P2P ¡han pasado ocho años. Y cree que "se han pasado con los millones", aunque se sabe en buenas manos y está convencido de que el caso le será favorable.
Curiosamente, los perjudicados están contentos. "Este es el Napster europeo -se ríe Javier-. Y no se han atrevido a pedir medidas cautelares, cuando la ley de propiedad intelectual reforzó mucho el tema de las medidas cautelares en el 2006".
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