En USA, algunas cosas parecen querer volver a su cauce natural: un grupo de nueve profesores han decidido irrumpir con su académico criterio en el juicio de Jammie Thomas, aquella pobre mujer arruinada por la industria discográfica, proporcionando al juez munición suficiente para demostrar que poner archivos a disposición de otros en un subdirectorio determinado no tiene absolutamente nada que ver con “distribuir”, como errónea y tendenciosamente se interpretó en aquel juicio. El juicio de Jammie Thomas va seguramente a repetirse al haber anunciado el juez que se equivocó en su interpretación y cometió un manifiesto error de ley, ante las protestas de los dinosaurios de la Motion Picture Ass. of America (MPAA), que afirman que la ley no va con ellos y que “no es necesaria evidencia para afirmar que se cometió un acto delictivo“. Hace falta valor. Y estupidez.
¿Delito? No me hagas reír… Bien harían algunos en abandonar su percepción paralela de la realidad, y entrar en los nuevos tiempos. Esta pasada semana ha sido, como comenta Antonio Delgado, una semana negra para la cultura y la sociedad de la información en nuestro país: por un lado, un nefasto artículo de Jose María Irisarri, en El País, insultando gravemente a todos los internautas (léete los comentarios de mi entrada si quieres ver lo que es una defensa patético/ridícula del mismo por parte de María López-Contreras, trufada de insultos hacia todo lo que se mueve e intentos de descalificaciones personales hacia mí, y que tuvo su culminación ayer con un correo electrónico a mi dirección personal en el que me conmina con el típico “es que no sabes quien soy yo”). Por otro, entra en funcionamiento el canon digital, el mayor robo organizado e injusto consistente en pagar la participación en una campaña electoral mediante un subsidio a una industria que sólo enriquece a unos pocos y hace cualquier cosa menos compensar, por algo además que jamás debería ser compensado: el progreso de la tecnología. Por otro, la ofensiva de intoxicación del lobby de los contenidos reclamando más protección legal, más sanciones, y esquemas al estilo del que pretende instaurar ese “megalómano casado con una cantante”, Sarkozy, en Francia, intentando que comulguemos con ruedas de molino y defendamos no a la cultura, sino solo un modelo de negocio muerto. Y por si fuera poco, la mediática denuncia de Telecinco a YouTube, nunca justificable pero menos aún en una cadena que toma constantemente contenidos de fuentes de Internet sin dar crédito a sus creadores, incluyendo la misma YouTube (o que dan crédito a YouTube, en lugar de hacerlo al autor del contenido). Toda una vomitiva galería de los horrores traída por fósiles del pasado que se niegan a reaccionar ante el futuro, ante la que es preciso que políticos y jueces desarrollen una cierta sensibilidad.
No, no es delito. Bájate lo que quieras de donde quieras, y contribuye a decirles que no es verdad, que todo es mentira. Su mentira, que con su pan se la coman. Los políticos no defienden la cultura, sólo la subvención de un modelo de negocio. El mundo no es como nos lo quieren pintar ese tipo de siniestros personajes.
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