La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha abierto la caja de Pandora al preguntar sobre la normativa futura que acabe con el todo gratis de Internet. Las respuestas arrojan claros síntomas de la esquizofrenia que recorre Europa cada vez que suena la palabra autor. Entre las recibidas hasta la fecha, brilla por su dramatismo la de France Télécom (Orange). El antiguo monopolio galo, participado mayoritariamente por el Estado francés, reniega de la forma en que el propio Ejecutivo de su país quiere acabar con el intercambio de archivos o P2P (eMule, Bit Torrent, etc). La iniciativa, conocida como Ley Sarkozy y sobre la que pregunta expresamente Bruselas en la consulta Contenidos de autor on line en el Mercado Único, se basa en la llamada "respuesta gradual". El paso final (tras varias advertencias) es el corte de la conexión a Internet del ciudadano que persista en las descargas.
France Télécom considera esta medida como "desproporcinada" y expresa su preocupación sobre cómo "puede combinarse con obligaciones como el Servicio Universal" (derecho de todo ciudadano a contar con una línea telefónica, recogido en la legislación comunitaria).
La firma recuerda que "compartir no es la única actividad ilegal en Internet" y "la respuesta gradual [...] puede incentivar la creación de tecnologías basadas en el anonimato y la encriptación que se conviertan en instrumentos para crímenes serios".
France Télécom está dispuesta a colaborar si es "bajo una Autoridad independiente y se respeta la privacidad del consumidor" (no utilizando sistemas de filtrado de datos de Internet salvo para casos como la pederastia). Pero al mismo tiempo "lamenta el calendario" diseñado porque, en su opinión, "construir una oferta legal on line amplia es un requisito previo a cualquier criminalización (del P2P)".
La opinión de Telefónica
Telefónica O2, filial europea de la multinacional española, está de acuerdo en considerar como "solución" para establecer un sistema de notificación de descargas ilegales, "la creación de un cuerpo administrativo independiente". Aetic, patronal española, ha enviado las mismas respuestas que Telefónica, lo que da a entender que han sido consensuadas por todo el sector al que representa (operadoras, fabricantes, etc.).
Entre dichas respuestas se critica la situación de monopolio de las sociedades gestoras de derechos de autor (SGAE, EGEDA, etc.), que "coartan la libertad de los propietarios de los derechos para negociar con los proveedores de acceso a Internet". También critica "cualquier tarifa establecida de forma unilateral" por las gestoras de derechos, como el canon. La española cree que se debe "evitar la duplicidad de pagos" como la que se da "estableciendo una tarifa por copia privada en los dispositivos" al tiempo que se cobra "por la adquisición de un contenido concreto".
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